Denunciaron la complicidad de Peugeot con la dictadura | La pata civil de la represión

“La empresa fue cómplice del desastre que hicieron”, afirmó en referencia a la automotriz Peugeot el hijo de un trabajador que estuvo desaparecido durante la última dictadura en el Pozo de Quilmes, uno de los centros clandestinos de “Circuito Camps”. Por esta causa, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzga al exministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart, al ex director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Etchecolatz, y a otros 15 represores acusados por delitos de lesa humanidad contra casi 500 víctimas que también estuvieron cautivas en el Pozo de Banfield y El Infierno, de Lanús.

“Mi padre trabajaba en el sector estampado de Peugeot, en el mantenimiento eléctrico. Estuvo once años en ese lugar”, recordó Sergio Maly a Alberto Felipe Maly, quien fue secuestrado en septiembre de 1977 en su casa de La Plata y estuvo en cautiverio en el Pozo de Quilmes, la comisaría de Valentín Alsina y, ya a disposición del PEN, en la Unidad 9 de La Plata, desde donde recuperó la libertad en 1979 para partir al exilio.

Sergio recordó que trabajadores de Peugeot fueron a un paro y “los militares tomaron la fábrica”. “Las mujeres y los trabajadores se acostaban en el suelo para evitar el avance de los tanques”, detalló, y apuntó que su padre y otros once obreros fueron designados por sus compañeros para hablar con los uniformados y lograron que se retiraran del predio de la empresa. “Los obreros no llamaron a los militares para reprimir un paro, fue la patronal. Todos los que estuvieron en esa comisión fueron llevados y varios continúan desaparecidos”, remarcó.

Maly hacía el servicio militar en Campo de Mayo cuando, el 15 de septiembre de 1977, “la casa fue tomada por un grupo de tareas, que cercaron la cuadra y venían a buscar a papá”, por entonces de 44 años. “Llegó el 16 a las seis y media de la mañana y fue abordado en el autito, un Renault 6 blanco, por toda esta gente, todo en presencia de mi madre y mi hermano de siete años, que fue quien recibió a la patota o a estos señores, a punta de ametralladora en la cabeza”, relató, y agregó que “aún tiene secuelas psicológicas de todo lo vivido”.

“Se lo llevaron de casa y lo volvieron a traer con claras evidencias de torturas, quemaduras de cigarrillo, picana, pobre viejo”, añadió. Recordó que durante una etapa en que la fábrica estuvo parada “había hecho entrar a unos muchachos” entre quienes había “un activista montonero”. Su padre le contó que “cuando lo llevaban a torturar, al lado de la cámara de tortura, en el pasillo, había una camilla con un cadáver baleado y cuando miró era este hombre”. Los represores lo llevaron de vuelta a su casa pero se instalaron allí a la espera del llamado de la mujer del montonero asesinado. “Le ordenaron que cuando llamara le dijera que Eduardo te dejó un paquete para ella, que venga a buscarlo. Mi papá, con toda la gente acá adentro, accedió. La mujer llamó y vino pero cuando llegó a la vereda se dio cuenta del operativo y automáticamente tomó una pastilla de cianuro. Trataron de reanimarla, le pusieron una manguera con agua pero murió ahí”, recordó.

Maly contó que volvieron a llevarse a su padre y “parece mentira pero en la cuadra parecía que habían tirado una bomba de neutrones, no andaba nadie. Sí veía un par de autos, Falcon, Torino”. Cuando él salió de franco y supo de lo ocurrido “lo primero que hice fue llamar al cuartel, yo estaba haciendo el servicio militar en Campo de Mayo, en el servicio para apoyo de combate General Lemos”, recordó. Entonces lo llevaron detenido a él mismo a Campo de Mayo, desde septiembre hasta diciembre de 1977.

Tras relatar las gestiones de la familia para ubicar a Maly, el testigo explicó que tras un año cautiverio su padre fue liberado. “Nos contó que estuvo en el Pozo de Quilmes, que fue torturado. Estaba flaco, destrozado. Le daban de comer basura y contaba que a veces los sacaban de las celdas, los hacían formar en fila y a quienes nombraban los hacían dar un paso adelante y se los llevaban”, precisó. Supo que “los llevaban a un avioncito y los tiraban al río”, dijo.

“Un día mi abuelo vino con un diario Clarín que publicaba una lista de personas puestas a disponibilidad del PEN en la que figuraba mi papá, que estaba con nosotros en casa. Al día siguiente volvió el grupo de tareas a buscarlo, (decían) que tenía que ir a la comisaría de Valentín Alsina para firmar unos papeles. Lo acompañó mi mamá. De ahí lo llevaron a la unidad 9. Ahí pasó otro año. Salió en octubre de 1979 y nos exiliamos”, relató. Maly aseguró en el final de su declaración que “no vine a declarar por odio o venganza, sino por justicia”. “La mejor venganza, si se quiere, es que no lograron destruirnos como familia, mantuvimos los lazos, el amor, la familia”, remarcó con énfasis.

El tribunal que integran Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes a Smart, Etchecolatz, al ex médico policial Jorge Antonio Berges y a Federico Minicucci, Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También a Guillermo Domínguez Matheu, Ricardo Fernández, Carlos Fontana, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Hidalgo Garzón, Antonio Simón, Enrique Barré, Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como El Infierno están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Ángel Ferreyro.