Diciembre de 2001: la justicia ratifica las condenas por los crímenes, pero ordena revisar el monto de las penas

Los camaristas de la sala I de la Cámara de Casación se tomaron su (largo) tiempo, pero finalmente ratificaron la histórica sentencia del 23 de mayo 2016 que condenó a Enrique Mathov, Rubén Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por haber ordenado y ejecutado el operativo represivo de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Las familias de los cinco asesinados los habían denunciado por dilatar adrede su pronunciamiento para dejar firme aquella sentencia y el querellante Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) había presentado un pronto despacho. 

Al confirmar la sentencia en sus términos Casación enfatizó que aquella represión fue ilegal, que la protesta era pacífica y justificada en ese contexto, y que la respuesta fue brutal, al mismo tiempo que dejó sentado que los responsables son quienes dieron las órdenes de esa represión. Así, la decisión de reprimir no fue de la policía, sino de Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa; no fueron excesos policiales sino que hubo una orden política de reprimir a toda costa para buscar algo más de oxígeno para sobrevivir como gobierno, tal como había dicho el su alegato el abogado querellante Rodrigo Borda.

El fallo destacó que esas instrucciones de los funcionarios en los hechos fueron “un cheque en blanco a la policía, y que el estado de sitio que firmó De la Rúa el 19 de diciembre a la noche “se usó de manera ilegítima para justificar la represión”.

Así, según establecieron los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Angela Ledesma; el Tribunal Oral Federal número 6 deberá revisar las penas –de 4 años y 9 meses para Mathov, y cuatro años para Santos– que emitió en 2016 luego de un larguísimo juicio que los condenó por hechos que habían ocurrido 15 años antes, que sellaron el final anticipado del gobierno de la Alianza con una represión a la rebelión popular que produjo 39 muertos en todo el país. Las nuevas penas podrán ser iguales o menores, pero nunca superiores. María Arena, viuda del motoquero asesinado aquella jornada Gastón Riva, había dicho a PáginaI12 que para las víctimas esto era “inaceptable”. El cuerpo de Riva quedó sobre el asfalto de la Avenida de Mayo como el de los demás muertos y heridos, manifestantes que habían salido a repudiar la represión de la noche previa, con Demetrio Cárdenas desangrándose en las escalinatas del Congreso, y el estado de sitio.

Las imputaciones, que son contradictorias con la gravedad que establecieron respecto de los hechos juzgados, estuvieron relacionadas con los homicidios “culposos” de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y lesiones culposas a una veintena de manifestantes en los alrededores de la Plaza de Mayo. Los jueces Petrone, Barroetaveña y Ledesma resolvieron “rechazar” los recursos deducidos contra la condena de Mathov y Santos como autores penalmente responsables de los delitos, al igual que a otros siete policías. Los camaristas confirmaron la responsabilidad pero decidieron “hacer lugar parcialmente al recurso de casación, anular la sentencia recurrida sólo en relación a la pena impuesta y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se determine la sanción a imponer, previa sustanciación y audiencia de visu del imputado, de acuerdo a los lineamientos aquí sentados”. 

Lo que decida el TOF 6 volverá a ser revisable por Casación, lo cual vuelve a colocar esta causa ya de por sí muy lenta en una nueva instancia de dilación porque la sentencia sigue sin estar firme. “Sigue alargando el proceso, es lo que pasa con esta justicia cuando se juzgan personas con poder, pusieron un obstáculo más, pero lo positivo es el reconocimiento de los años de lucha de los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y los querellantes“, dijo a este diario una fuente del caso. Esto es, queda un registro histórico que ya nadie podrá discutir: la represión de diciembre de 2001 fue ilegítima, no hubo francotiradores, no hubo disparos por parte de los manifestantes como llegó a decir el radicalismo en una solicitada en la cual hablaba de que fue un golpe de Estado, era gente que protestaba pacíficamente y los disparos fueron de la policía. En definitiva, Casación confirmó de manera absoluta la versión de las víctimas. Pero a ellas les queda un gusto a poco, porque siguen en duda penas que para ellas ya eran insuficientes, y porque sienten que esta justicia resulta demasiado tardía.