Carta de un juez
Por Javier J.Cosentino *
En relación a una nota del señor periodista Raúl Kollmann aparecida en el diario de su dirección el día sábado 18 de mayo del corriente año, titulada “El objetivo claro de vaciar una empresa”, en donde se me menciona como partícipe de una maniobra tendiente a desguazar y liquidar el denominado “Grupo Indalo”.
Más allá de las inexactitudes, tergiversaciones y falsedades de la mentada nota, que no es intención del suscripto discutir en este ámbito y que me afectan personalmente porque reconozco la profesionalidad de su autor, dejo reafirmado que no pertenezco a ningún partido judicial ni extrajudicial, no participo ni he participado en ninguna maniobra como la que se me imputa, sino que tan solo me he limitado a aplicar la ley como corresponde hacer a un juez, de manera imparcial e independiente como lo vengo haciendo desde que fui designado en el año 2005.
Como suele suceder, el resultado de esa aplicación agrada a algunos y desagrada a otros, pero eso no es de mi incumbencia.
No obstante que no pretendo que se tome a esta breve misiva como una suerte de “derecho a réplica”, dejo librado a vuestro criterio la admisión de la presente como carta de lectores de su prestigioso diario.
Sin otro particuñar, saludo a usted, atentamente.
* Javier Consentino, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 8 y juez subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 5.
Respuesta de Raúl Kollmann
Por Raúl Kollmann
La nota en cuestión sobre el desguace del Grupo Oil–C5N-Radio10 y la fijación de 403 millones de pesos como honorarios de síndicos e interventores se concentra en las movidas del gobierno, a través de la AFIP, para descuartizar el grupo empresario, cuyos dueños –Cristóbal López y Fabián De Sousa– están en prisión. Tenían una deuda de impuestos con la AFIP, se les otorgaron planes de pago como a miles de empresarios, pero luego se los imputó por fraude. El grupo fue enviado a la quiebra, la AFIP sólo cobra el 13 por ciento de lo adeudado, se perdieron 900 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y la parte petrolera se remató a 82 millones de dólares cuando en la previa existió una oferta por 280 millones de dólares. El juez utilizó para fijar honorarios un ocho por ciento del valor a repartir de la empresa, cuando en quiebras de esa magnitud se utiliza la escala del cuatro por ciento. Por ello existe una apelación de los antiguos dueños del Grupo Oil. Como es de imaginar, pagarle 403 millones de pesos a síndicos e interventores, que sólo trabajaron intensamente seis meses, es otro golpe más en la destrucción del grupo empresario.
