El gobierno nacional presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares en favor de la ecuatoriana María de los Ángeles Duarte Pesantes, quien se desempeñó como ministra del gobierno de Rafael Correa. La Argentina busca que Ecuador otorgue un salvoconducto que le permita a la exfuncionaria salir de ese país: Duarte Pesantes fue condenada por la Justicia ecuatoriana y permanece alojada en la residencia oficial argentina en Quito, en carácter de “huésped por razones humanitarias”, junto con su hijo argentino -menor de edad-, desde el 12 de agosto de 2020. A principios de diciembre, Argentina concedió el asilo diplomático solicitado por Duarte Pesantes, pero el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó la petición.
La Cancillería nacional mantuvo conversaciones bilaterales con representantes del gobierno ecuatoriano desde 2020, sin embargo “no han resultado conducentes para encontrar una solución del problema planteado”, según indicaron fuentes oficiales. Por esta razón, el canciller Santiago Cafiero firmó la presentación ante la CIDH que pide la intervención del organismo interamericano. De acuerdo con lo informado, sobre el gobierno ecuatoriano recae “una serie de obligaciones de derecho internacional, entre las cuales se encuentra la obligación de no devolución”, ya que Duarte Pesantes se encuentra bajo la jurisdicción de la República Argentina, al estar en sede diplomática.
“La Argentina espera que la CIDH adopte las medidas cautelares solicitadas, exigiendo a la República del Ecuador dar cumplimiento a su obligación de otorgar un salvoconducto para permitir la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo, de conformidad con las obligaciones consagradas en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, y el deber de cooperación entre Estados en la promoción y observancia de los derechos humanos”, indicaron desde la Cancillería.
Desde el Estado argentino aseguran que la decisión está amparada en la opinión consultiva 25/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que “el principio de no devolución puede verse involucrado en caso de que personas que hayan ingresado a una embajada sean entregadas a las autoridades del Estado territorial”. En este sentido, aseguran que “la devolución, como concepto autónomo y englobante, puede abarcar diversas conductas estatales que impliquen poner a la persona en manos de un Estado en donde su vida, seguridad y/o libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la misma”.
El principio de no devolución constituye un marco legal que evita la restitución de una persona al territorio en el que peligra su libertad por motivaciones políticas. Por eso, desde la Cancillería argentina afirman que, de acuerdo con lo expresado por la Corte, “no basta con que los Estados se abstengan de incurrir en una violación de dicho principio, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas” con el objeto de resguardar la integridad de la damnificada. Asimismo, se recordó que la Argentina concedió el asilo diplomático “en razón del agravamiento de la situación humanitaria” de Duarte Pesantes y de su hijo menor de edad.
El gobierno de Lasso, por su parte, rechazó otorgar un salvoconducto, ya que aseguran que la convención firmada en 1954 no contempla el asilo por delitos de corrupción. En abril de 2020, Duarte Pesantes fue procesada y condenada a 8 años de prisión por cohecho en el marco del caso caratulado como “Sobornos 2012-2016”, en el que también resultó condenado y proscripto el expresidente Rafael Correa. A fines de noviembre, cuando la Cancillería ecuatoriana difundió un comunicado desmintiendo las versiones sobre un posible asilo, Correa aseguró, desde Bélgica, país en que está refugiado desde 2017: “El caso Sobornos es el paradigma del lawfare, y el mundo lo sabe”.
Sin embargo, desde el gobierno nacional señalan que “si bien Ecuador hizo referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, tales instrumentos no resultan susceptibles de ser invocados por cuanto norman medidas de cooperación jurídica internacional que Ecuador no ha procurado hacer valer en ningún momento, así como también carecen por completo de relación material y procesal con el instituto del asilo aquí en cuestión”.
Duarte Pesantes se desempeñó como ministra de Transporte y Obras Públicas (entre 2010-2013), y también de Desarrollo Urbano y Vivienda (entre 2007-2009 y 2015-2017) durante el gobierno de Correa. Permanece en la residencia oficial argentina en Quito, junto a su hijo de nacionalidad argentina, desde hace más de cuatro meses.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/509835-el-gobierno-pide-intervencion-a-la-cidh-para-autorizar-el-as
