Desde Chile
“Liberar, liberar, a los presos por luchar”, fue una consigna que se escuchó en casi todos los actos de campaña en los que participó el ahora electo presidente Gabriel Boric. El reclamo volvió a ocurrir en el discurso de la victoria el 19 en la noche, en la esquina de la avenida Alameda y Santa Rosa, en Santiago de Chile. “He hablado con las familias y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer”, afirmó entonces, ante una avenida multitudinaria hasta la Plaza Dignidad, a casi diez cuadras del escenario.
La demanda fue constante desde los inicios del estallido a finales del 2019, ante lo que fue una respuesta estatal marcada por altos niveles represivos, que se tradujeron en cerca de 450 personas con lesiones oculares y más de 30 asesinados, y las detenciones a centenares o más personas seguidas de numerosas prisiones preventivas. Boric, durante la campaña, se reunió con víctimas de la represión, como la ahora senadora Fabiola Campillai y el joven Gustavo Gatica, ambos cegados por disparos de carabineros. Sin embargo, el candidato prefirió evitar pronunciarse sobre el pedido por la libertad de los presos de aquellos meses.
El asunto de los detenidos apareció poco después de la victoria a través de Giorgio Jackson, jefe de campaña de Boric: “hay muchas personas que no tienen juicio en curso y que han sido demorados. Hay otras medidas cautelares que son importantes a partir del levantamiento de querellas por la Ley de Seguridad. Y también analizar cómo se sana un país, tanto por aquellas personas que sufrieron destrucción por el estallido social y otras privadas de libertad que lo están de manera injusta (…) El compromiso es que esas querellas por Ley de Seguridad del Estado se levantan, lo hemos sostenido desde el inicio de la campaña. Eso cambia las condiciones con que el poder judicial enfrenta un caso”.
Boric, en su visita el día lunes al Palacio de la Moneda, abordó, a su vez, el tema: “desgraciadamente y pese a esfuerzos que se hicieron, todavía sigue existiendo impunidad, tanto de los crímenes que sucedieron en el pasado durante la dictadura militar, como también hoy día a propósito de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguieron del estallido social de octubre (…) una de nuestras prioridades en el gobierno va a ser que exista verdad, justicia, reparación y no repetición. Respecto de las querellas estamos en conversación con el instituto nacional de derechos humanos, vamos a revisar caso a caso como corresponde”.
Camila Vallejo, diputada, parte del Partido Comunista, reafirmó luego los dichos de Jackson, del Frente Amplio: “Lxs presxs de la revuelta llevan más de dos años detenidos, sin pruebas o con procesos viciados. Por estas injusticias Gabriel Boric se comprometió a retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado. No puede ser que ellxs estén presos y asesinados y violadores sigan libres”.
Las diferentes declaraciones volvieron a poner en el centro de la agenda política-mediática una cuestión que ha estado en el centro del debate en varias ocasiones, sin lograr avanzar hasta el momento. A fines del año pasado, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera afirmó públicamente oponerse a un proyecto de Ley de Indulto para los presos durante el estallido, y que, en caso de ser aprobado, lo vetaría. Ese proyecto de Ley ingresó al Senado en enero del 2021, pasó por diferentes comisiones a lo largo del año, y aún no terminó su curso legislativo. En caso de ser aprobado en el pleno, pasaría luego a la cámara de Diputados.
Ese proyecto está siendo trabajado por la Mesa Técnica de la Ley del Indulto General, integrada por la abogada y defensora de derechos humanos, Karinna Fernández, quien señala que uno de los asuntos complejos es el de las cifras: “no hay uniformidad, por eso empecé a hacer mis propias cifras, la Ley abarcaría un universo de aproximadamente de mil personas”.
Fernández señala, dentro de su análisis, que en los hechos acontecidos durante los meses de las protestas existió un combinación de tres factores combinados: “detenciones masivas, malos tratos a los detenidos, suspensión de garantías con estado de excepción constitucional declarado”
Una de las consecuencias fue el “uso excesivo de la prisión preventiva”, utilizada como “respuesta a la protesta social”, explica Fernández. En la actualidad, existen 69 personas que se encuentran privadas de libertad sin condena previa por delitos asociados al estallido social, es decir, en algunos casos, con más de dos años presos. Este último dato, brindado por la Gendarmería, fue recogido por la presidenta del Senado, Ximena Rincón, del Partido Demócrata Cristiano, quien el pasado 9 de diciembre redactó una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y presentó un proyecto de Ley para modificar el Código Procesal Penal “para incorporar criterios de decisión objetivos y controlables en la determinación de la prisión preventiva”.
Según Rincón existe la “imprescindible necesidad de decretar los cierres de las investigaciones y, en definitiva, la determinación de los cargos por los que en definitiva se acusará a estas personas, o se les declarará inocentes. (…) Encontrándose nuestro país en pleno proceso constituyente, motivado precisamente por los movimientos sociales de protesta dentro de cuyo contexto se produjeron estas detenciones, y en medio de un profundo proceso de deslegitimación de las instituciones del Estado, ningún poder del Estado puede obviar situaciones tan delicadas como ésta”.
Aún quedan varios puntos por verse, como la evolución de la Ley de Indulto, o saber cuántas serían las causas con querellas por Ley de Seguridad del Estado hechas por el Ministerio del Interior, una Ley que fue invocada por Piñera desde el inicio del estallido junto con el siguiente decreto del Estado de Excepción. El laberinto judicial ocurre a su vez, analiza Fernández, en el marco de una justicia marcada por un fuerte rasgo de clase, y donde aún “no se han erradicado vestigios de la dictadura en el poder Judicial”.
La evolución de la situación de los presos y de quienes han quedado con diferentes tipos de detenciones y causas durante las protestas, es uno de los elementos al que deberá dar respuesta la nueva coalición de gobierno en el marco del complejo escenario político, legislativo, judicial y constitucional por venir. Se trata tanto de una “injusticia”, como señaló Vallejo, como de una demanda central de una gran parte de quienes protagonizaron el estallido, los meses de protestas que, ante el ballottage entre Boric y José Antonio Kast, se volcaron a votar por el primero, y que son un actor determinante para explicar por qué el país llegó a poner a la cabeza del poder Ejecutivo al presidente más joven y más votado de la historia de Chile.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/391161-el-reclamo-por-la-libertad-de-los-presos-del-estallido
