En defensa de los cinturones frutihortícolas

Las organizaciones de la agricultura familiar que integran la UTEP están preparando un proyecto de ley en defensa de los cinturones frutihortícolas, que quieren llevar al Congreso de una gran movilización el 18 de marzo. Los productores advierten que las tierras destinadas al cultivo de verduras y frutas se están reduciendo y relocalizando a mayores distancias de los mercados de proximidad, lo que genera aumento de los precios y reduce las posibilidades de la población de acceder a alimentos frescos. El proyecto busca generar políticas de estado que promuevan la producción agroecológica para garantizar a la población el derecho humano a una alimentación adecuada y segura

Nilda Aveldaño es una quintera de La Plata integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rural. “Muchos productores estamos sufriendo presiones para mudarnos. La principal es el precio del alquiler, porque que la mayoría no somos dueños de las tierras. Hace tres años, yo pagaba 1500 pesos por una hectárea y hoy me están pidiendo 7 mil. Eso nos va corriendo hacia lugares más alejados de las ciudades”, explicó a Página/12.

En los fundamentos del proyecto de ley, las organizaciones agrarias indican como motivos de este retroceso la especulación inmobiliaria -como la compra de tierras para la construcción de barrios cerrados- , a lo que en algunos territorios se suma la expansión de la frontera de la agriculturización, con el resultado del abandono de la producción local de alimentos y su reemplazo por commodities.

La ley propone generar un marco regulatorio para los cinturones frutihortícolas, con medidas de protección para evitar su atomización, cuidado de la calidad del agua y los sistemas de regadío, el acceso a las semillas y variedades “y, en especial, de cuidado de las personas -los agricultores y agricultoras familiares- que producen y habitan estos espacios” para que accedan a viviendas dignas y a todos los servicios de educación y salud. “Asimismo, los habitantes de las ciudades tienen derecho a decidir sobre su alimentación, por lo que la conformación de un esquema integrado de gobernanza o control social alimentario rural-urbana debe incidir en la consideración estratégica de estos espacios”, añade el proyecto.

En el articulado del proyecto se propone que los cinturones hortícolas sean declarados un bien jurídicamente protegido  con la función primordial de garantizar el abastecimiento de alimentos frescos -frutas, hortalizas y productos de granja- a las ciudades. Su delimitación sería fijada por cada municipio, con mecanismos participativos.  La iniciativa también incluye la fijación de un fondo dentro del presupuesto nacional para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos,  asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable de la producción con el apoyo especialistas provenientes de las, Universidades , el CONICET, el INTA y la secretaría de Agricultura Familiar, entre otros.