Entre los deberes, los trolls y las presiones

La Corte Suprema de Justicia (CS) fue requerida para resolver un sinfín de nulidades y recursos promovidos por las defensas en el “juicio de Vialidad”. Contra lo que arguyen especialistas en derecho tan versados como el periodista Joaquín Morales Solá, existe jurisprudencia previa en ese sentido. El Máximo Tribunal lo señaló. Uno de los más destacados constitucionalistas del país, Néstor Sagüés, escribió tiempo atrás: “la tesis tradicional de la CSJN, en el sentido de que la denegación de medidas de prueba no sustenta en principio el recurso extraordinario, tiene como salvedad los supuestos de denegación arbitraria de la demostración de hechos necesarios y conducentes para la solución del pleito”.  La cita de Sagüés, conservador para más datos, calza a medida para el caso.

Las defensas de varios procesados deducen nulidades ante denegatorias infundadas de ofrecimiento de prueba. También  reclaman que se defina cuál es la Sala de la Cámara de Apelaciones competente para manejar el proceso, hay dos que cinchan por eso.

Como se afirma en nota aparte, es insensato el avance del juicio oral sin que estén sustanciadas las pericias sobre las obras públicas sospechadas. Los dictámenes deben conocerse, pueden ser impugnados por la Fiscalía, las querellas o las defensas. Es absurdo imaginar interrogatorios a testigos sin contar con ese soporte documental agregado al expediente.

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Los cortesanos habían pedido fotocopias antes pero las remitidas por el Tribunal Oral Federal 2 no daban debida cuenta del enmarañado y frondoso expediente. Se solicitó el original… allí estalló el gobierno y a su vera un coro de indignados. Ninguno se interesó en el derecho de defensa de los procesados ni en las irregularidades del trámite. 

Los magistrados tal vez confiaron en que el TOF 2 suspendería los trámites. Una resolución que tendrían que haber tomado ellos si tuvieran firmeza y unanimidad. Dejar fluir el proceso es un viaje de ida a una sentencia sancionando su nulidad.

La furia bien manejada por el oficialismo y la prensa in the pendiente arredró a los cortesanos que recularon sin gracia. Las presiones, cabe reconocer, rozaron el colmo del macrismo explícito.

Trolls oficialistas convocaban a cacerolazos, difundiendo las direcciones privadas de los cinco Supremos. Cuando estos retrocedieron, los tuits fueron borrados a toda velocidad: gran profesionalidad de la soldadesca paga comandada desde Jefatura de Gabinete.

Ciertas notas en medios de gran tirada difundieron fake news referida a algunos de los ministros (no al presidente Carlos Rosenkrantz). La torpe redacción y la antigüedad de los cargos dieron a los cortesanos la impresión de informes de servicios de inteligencia cortados y pegados casi sin editar.

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La buena praxis, opina este cronista, llevaba a suspender el proceso oral y resolver con presteza las nulidades. 

Sin hacer así, era incorrecto quedarse con todos los mamotretos originales de la causa. Fotocopiarlos y devolverlos es más racional.

Cada uno de los supremos cuenta con un nutrido cuerpo de abogados con buena formación que estudian los expedientes, los sistematizan, los simplifican y (en jerga) “los relatan” a los jueces. Esos letrados ya se pusieron a actuar.

De nuevo, lo ideal sería que la Corte zanjara todos los reclamos con celeridad, una virtud que no la caracteriza. Es imaginable que Rosenkrantz, oficialista al mango e imposibilitado de ganar votaciones internas, se esmerará para dilatar todo.

Otra hipótesis imaginable es que la CS se aboque primero a dilucidar las cuitas de competencia entre las Salas de Cámara, asunto importante pero menos candente y crucial que la producción de la prueba.

En resumen, la CS obró bien al pedir el expediente, mal al someterse a la vindicta pública. El pressing sobre sus integrantes fue feroz, propio de un gobierno enfurecido, a la defensiva, flagelado por los veredictos populares y dividido internamente.

La valoración definitiva del desempeño de la CS podrá hacerse en un par de meses cuando se vea si contribuyó a enderezar el debido proceso o fue funcional a los designios de la Casa Rosada: Cristina al banquillo y después el diluvio.