En medio de una gran crispación y polarización política, azotada por las secuelas de la pandemia, la criminalidad, el narcotráfico y el éxodo migratorio; las y los hondureños tuvieron la oportunidad de elegir, este domingo 28 de noviembre, un nuevo proyecto de país liderado por quien será la primera mujer en ser presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.
El contexto social y político en el que se desarrolló el proceso electoral en Honduras se vio atravesado por una violencia política sin precedentes. Si bien los conflictos sociales en el país centroamericano tienen larga data, los niveles de violencia y el deterioro de los derechos humanos fueron en incremento a partir de 2009, año del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya. Desde ese entonces el pueblo en resistencia consolidó una nueva fuerza política, Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que se presentó en las elecciones de 2013, 2017 y logró un triunfo contundente el pasado domingo, rompiendo con el bipartidismo histórico.
Durante el proceso electoral se reavivaron los temores de fraude y de escenarios de violencia y enfrentamientos como lo sucedido en las elecciones de 2017. En aquella ocasión, 33 personas fallecieron en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad nacional, luego del llamativo recuento de votos donde tras un apagón de luz, Juan Orlando Hernández daba vuelta la elección y conseguía una reelección prohibida expresamente por la constitución nacional.
Desde el anuncio de las elecciones en septiembre de 2020, se documentaron al menos 63 casos de violencia política, entre los que se incluyen 29 asesinatos, 14 ataques, 12 agresiones, siete amenazas y un secuestro. En su mayoría, las víctimas pertenecen a los tres partidos más importantes: Partido Nacional (31 víctimas), el Partido Libertad y Refundación (20) y el Partido Liberal (12).
En este marco, la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a las autoridades hondureñas a asegurar comicios pacíficos y transparentes, respetando el derecho a las personas a votar en paz y a elegir a sus representantes.
La violencia política no puede desentenderse de la forma en la que los gobiernos llevan adelante sus gestiones. El autoritarismo a la hora de ejercer el poder político fue una variable transversal a todas las áreas de gobierno, durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional, un mandato de Porfirio Lobo y dos de Juan Orlando Hernández.
Podemos recordar el emblemático caso de Berta Cáceres, ambientalista hondureña, asesinada en 2016 mientras luchaba contra la construcción de una represa sobre el río Gualcarque. Otro caso menos conocido es el de Margarita Murillo, defensora de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores del Campo que fue asesinada en el 2014 a manos de sicarios. Ese mismo año asesinaron también a las fiscales que investigaban su homicidio, impidiendo encontrar al día de hoy a los autores intelectuales.
Estos hechos evidenciaron la connivencia entre los grupos violentos, las corporaciones y la falta de protección por parte del Estado. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 4.216 mujeres murieron de forma violenta en el país entre 2012 y 2020. En este marco, la presidenta electa Xiomara Castro sostuvo que exigirá se aplique el peso de la justicia a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Berta Cáceres y Margarita Murillo.
La violencia política y social que hoy atraviesa el pueblo hondureño es resultado no sólo de dificultades y conflictos estructurales que se arrastran hace varias décadas, sino también del modelo por el cual se desenvolvieron los tres gobiernos sucesivos del Partido Nacional. Los vínculos con el narcotráfico, los escándalos de corrupción y la exclusión de miles de hondureños de la participación política se volvieron habitual.
Los avances del nuevo gobierno en materia social y económica resultan imprescindibles para disminuir los niveles de violencia política. El alto nivel de desempleo, la caída histórica del 9% del PBI en 2020, el índice de pobreza que este año ascendería al 75%, según la CEPAL y la deuda externa que aumentó un 400 % durante la última década, son urgencias claras que el nuevo gobierno debe atender. En este sentido, las primeras propuestas de Xiomara Castro prometen un nuevo rumbo.
La derogación de las leyes del Consejo de Seguridad y Defensa, Ley de Zonas Empleo y Desarrollo Económico (aprobadas durante el gobierno de Hernández), el llamado a una consulta popular para la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que redacte una Nueva Constitución, el pedido de una auditoría internacional sobre la deuda interna y externa, la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad y la Policía Comunitaria, son los primeros lineamientos de un gobierno que llega al poder con la prerrogativa de bajar los niveles de violencia mediante la inclusión, la creación de empleo, la participación política y social de la comunidad y el respeto a los derechos humanos.
Dolores Gandulfo es Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Miembro de Red de Politólogas.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/386964-honduras-de-la-violencia-a-la-reconciliacion
