Juan Pablo Bohoslavsky: "Sostener que hay que priorizar la economía no es consistente con el derecho internacional de los derechos humanos"

“Sostener que hay que priorizar la economía ante todo no es consistente con el derecho internacional de los derechos humanos.” La conclusión pertenece al experto independiente ante las Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, y refiere a las posibilidades que los países del mundo tienen para responder a la crisis sin precedentes que se avecina post pandemia de coronavirus e integra un documento que las Naciones Unidas distribuyó entre sis Estados miembro y organismos de crédito internacional. Allí, el experto advirtió que la recesión económica mundial que se espera será peor que la que sucedió a la crisis de 2008 y que la estrategia para afrontarla “debe estar enmarcada y basarse en los derechos humanos”.

Bohoslavsky elaboró el “Llamamiento urgente para una respuesta a la recesión económica desde los derechos humanos”, un documento que, en una veintena de páginas, “intenta clarificar cuáles son los estándares de derechos humanos relevantes en el contexto de la recesión económica vinculada a la pandemia, y las implicaciones que ellos tienen en la definición de políticas económicas, financieras, monetarias, tributarias y sociales”, explicó en declaraciones a este diario el integrante del equipo de relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo vinculados a la oficina que dirige Michelle Bachelet, elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que tiene a su cargo los análisis que vinculan finanzas y derechos humanos en todo el mundo.

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Las últimas semanas abocó su trabajo a las consecuencias económicas y sociales que dejará la circulación del coronavirus por el mundo –que desbordan contagios y muertes– y a las posibilidades que tienen los países de poder abordarlas. “Se intenta contribuir a las discusiones en torno a Covid-19, economía y derechos humanos, y traza una línea: sostener que hay que priorizar la economía ante todo no es consistente con el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

El documento señala que así como los Estados activaron medidas de prevención y mitigación para contener la pandemia de coronavirus, “se deben hacer consideraciones similares para abordar los impactos adversos en los derechos humanos que, presumiblemente, tendrá una drástica recesión económica”. Se trata de decisiones y medidas que tengan por centro derechos esenciales como el acceso a una vivienda adecuada, atención médica, educación, agua y saneamiento, protección social y trabajo.

Según el análisis de Bohoslavsky, la recesión que se viene y se espera peor que la que sucedió a la crisis de 2008 golpeará sobre todo a “grupos más vulnerables”, aquellos integrados por las personas que viven en asentamientos informales y las sin techo, les trabajadores informales, les agricultores sin tierra, las comunidades indígenas, los barrios pobres, les desplazades internos, les refugiades e inmigrantes, las personas discapacitadas, las personas mayores, les niñes, las mujeres víctimas de violencia y las personas detenidas y bajo custodia del Estado. A ellos, apuntó el documento, deben ir especialmente los esfuerzos humanitarios.

En el marco del panorama que sobrevendrá a la pandemia que puso en suspenso el devenir cotidiano del mundo, el académico propone que “el cumplimiento del derecho de la protección social no puede demorarse más”. De haber existido su aplicación plena “habría evitado las reacciones de pánico de los Estados” cuando la pandemia comenzó a hacer estragos.

–¿Por qué?

–Si en el actual contexto reconocemos a la desigualdad como una “comorbilidad”, es decir, que los grupos más desventajados padecen los efectos sanitarios y económicos de la pandemia de manera desproporcionada, es obvio que los sistemas de protección social no han cumplido con su objetivo de asegurar plenamente el derecho a la protección social. Una vez instaurados los esquemas de ingresos básicos de emergencia los países deberían transitar un camino hacia el ingreso básico universal permanente, especialmente en vista de la transformación de los empleos, la inevitable necesidad de una transición hacia una economía verde y otras crisis previstas e imprevistas, similares a la pandemia del COVID-19: las medidas ad hoc y temporales deberían evolucionar gradualmente hacia esquemas fuertes de protección social universales y justos.

El mensaje que partió desde Ginebra hacia los Estados miembro de la ONU y los principales organismos de crédito internacional asegura que “la austeridad no puede ser una opción” a la hora de implementar medidas para paliar la recesión, medidas que no pueden estar centradas en “salvar la economía”. Según Bohoslavsky, una respuesta la crisis centrada en la economía “va acompañado de una falta de entusiasmo para reducir las desigualdades, garantizar la materialización de los derechos económicos y sociales de todos o para reducir las muertes o los problemas de salud debidos a la contaminación y el cambio climático”.

Entre las medidas propuestas en el llamamiento, pica en punta la atención médica “sin discriminación”, una “efectiva política de test de Covid-19”, disponibles de manera gratuita, equipamiento de protección personal para trabajadores de salud, también gratuito. En ese abanico, no obstante, se destacan varias que el Gobierno nacional ya ha puesto en marcha, como la transferencia de ingresos a grupos poblacionales en riesgo, la suspensión de desalojos y cortes en los servicios públicos y privados de electricidad, gas y agua.

También propone la instalación de refugios para “personas sin techo, quienes viven en asentamientos informales o en casas superpobladas o en riesgo de distintos tipos de violencia de género”. “Todas las iniciativas mencionadas anteriormente deben complementarse con bancos centrales que implementen políticas monetarias para garantizar la estabilidad de los tipos de cambio y la liquidez de los bancos comerciales”, así como empresas que “deben respetar los derechos humanos en su operatoria, procurando prevenir o mitigar el impacto en los derechos humanos y no haciendo daño”.

¿Cómo se paga todo esto? Bohoslavsky plantea que los Estados deben “reconsiderar sus políticas fiscales para financiar políticas sociales y garantizar que la política monetaria sea coherente con ambas”. Es que, según su óptica, “financiar el déficit fiscal puede ser legítimo si esto garantiza el acceso a los derechos humanos básicos para la población”. Insiste el consultor independiente: “Los Estados deben llevar adelante una inversión masiva para disminuir las desigualdades y la pobreza, y no solo para rescatar a grandes corporaciones, bancos e inversores sin considerar los derechos humanos ni las condiciones sociales. Sabemos bien que esas empresas no compartirán estos recursos de manera inmediata ni espontánea con lo/as más necesitado/as”.

Pero si por un lado se plantea la inyección de recursos, por el otro se propone la reducción de pagos programados: las deudas. “Debería implementarse de inmediato una moratoria del pago de la deuda soberana para los países en desarrollo, países la mayoría de población pobre (para evitar futuros problemas de deuda) y los países que sufren una gran caída de sus economías por la pandemia”, postula en tanto que subraya “el alivio anunciado por el FMI para el pago de deuda de sus miembros más pobres”.

Sin embargo, “el número de países que luchan por pagar sus deudas va más allá de los más pobres y necesitados de programas de alivio de deuda y de moratoria. Esta es una gran oportunidad para que las instituciones financieras internacionales operen según los principios de los derechos humanos en línea con la Carta de la ONU, que deben respetar”. Pide, en ese sentido, un “alivio preventivo”, es decir, una quita en los montos adeudados.

–Sí. El modo en que la función social de la propiedad era percibida hace dos meses ha cambiado radicalmente. Hoy, con algunas dramáticas excepciones, todos los gobiernos despliegan esfuerzos por asegurar un ingreso mínimo a toda la población, nacionalizan clínicas privadas, otorgan moratorias de deuda, posponen desalojos, suspenden acuerdos de comercio internacional relativos a insumos médicos, establecen controles de capitales para estabilizar los mercados, y ponen en un cajón las recetas de ortodoxia monetaria que el FMI y otras instituciones han promocionado por décadas. Una asignatura pendiente en esta agenda de acción tiene relación con el consumo no regulado y la degradación de los recursos naturales: los Estados no deberían proporcionar subsidios, rescates, y otros beneficios de emergencia a sectores cuya existencia está en contradicción directa con el Acuerdo de París, incluido su objetivo de límite de 1,5 ºC, y no tienen ninguna posibilidad de transición.