La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de las denuncias contra el Polo Obrero por supuesta coacción a beneficiarios de planes sociales. La Cámara Federal porteña resolvió unificar en el juzgado a cargo de la magistrada la investigación de diferentes denuncias contra esa organización piquetera de la izquierda trotskista y algunos de sus dirigentes por supuesta coacción a beneficiarios de planes sociales. “Vamos a reclamar el cierre de la causa porque entendemos que no hay ningún tipo de cuestión que amerite esta investigación judicial, que forma parte de una campaña política implementada contra las organizaciones sociales y piqueteras, una campaña revanchista contra quienes estamos enfrentando el ajuste en las calles desde hace mucho tiempo”, dijo a Página/12 Gabriel Solano, diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda Unidad y dirigente del Partido Obrero.
La decisión fue tomada por el juez de feria del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens, quien resolvió que las denuncias que se investigaban en dos juzgados de Comodoro Py 2002, el de María Servini y el de Capuchetti, queden unificadas en el de esta última. Capuchetti está a cargo de una denuncia presentada el año pasado, mientras que este año se sumaron otras que quedaron manos de Servini. “Esto empezó con el planteo de Javier Milei sobre una brigada antipiquetera, se fueron sumando Bullrich, Macri, Larreta, y por último Cristina Fernández de Kirchner, con su propuesta de quitar los planes a las organizaciones para dárselos a los intendentes; de modo que cualquier investigación que se atenga a derecho tendría que concluir en un cierre completo, con una falta de mérito sobre cualquier tipo de delito”, agregó Solano. El legislador de izquierda advirtió que “igualmente estamos atentos porque sabemos la capacidad de presión del poder político sobre la justicia”.
La causa más antigua “constituiría un evento más de un despliegue de conductas sostenidas en el tiempo y presuntamente llevadas a cabo por las personas concretamente acusadas en este último legajo”, analizó el juez Llorens en relación a una última denuncia presentada contra dirigentes del Polo Obrero. “Se advierte que ambas magistradas coinciden en que los expedientes en disputa resultan conexos y difieren sólo con relación a la sede que debe continuar con la pesquisa”, resumió Llorens.
Al respecto, el juez resolvió el conflicto de competencia al enviar todas las denuncias al juzgado de Capuchetti, como había pedido Servini. “Los argumentos expuestos por la titular del Juzgado 1 del fuero resultan atendibles”, evaluó al respecto. Una de las denuncias fue presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán contra los dirigentes del PO Gabriel Solano y Eduardo Belliboni.
“Hay una fuerte manipulación basada en la ignorancia respecto del financiamiento de las organizaciones sociales y piqueteras; toda agrupación necesita fondos para funcionar y en el caso nuestro hemos sido categóricos: los aportes son voluntarios y tienen como propósito exclusivo asegurar el funcionamiento de los comedores, el traslado de la comida, los fletes, el pago de garrafas, gastos que debería cubrir el Estado porque son cuestiones esenciales”, describió Solano. “Además, las decisiones son colectivas, en cambio los intendentes usan a los vecinos para hacer trabajos municipales, por eso ellos quieren abandonarlos, es un fraude laboral directo”, agregó.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/439043-la-causa-judicial-no-se-detiene
