La evocación cervantina por el día la lengua no puede soslayar la demoledora crítica en boca del genial Quijote a los magistrados de antaño. A lo largo de la monumental novela escrita desde la cárcel, un hidalgo manchego fulmina recurrentemente a la justicia inquisitorial por la crueldad de los tormentos, los pleitos eternos, los sobornos a jueces corruptos, la arbitrariedad de las sentencias y la desproporción de las sanciones. Categórica censura que lamentablemente repica en nuestro envilecido presente.
Aunque junto con retardatarios artefactos en manos de venales protagonistas, a estar a la efeméride, sin dudas la crisis acompaña centralmente al lenguaje: “…procurad que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración…”, prologaba Cervantes.
Bien se sabe que la palabra tiene un peso ontológico: toda nominación es definitoria en la configuración de identidades, y también de derechos. Nada en lenguaje es inocente ni ingenuo, y resulta mucho más que una cuestión de formas, toda vez que es un núcleo significante decisivo para una sociedad. Y las palabras, si quieren ser empleadas para una comunicación que procure eficacia, deben acercar, nunca alejarnos.
En cambio, la distancia nace cuando siquiera se favorece información sobre el propio servicio que se brinda, o no. Contra todo ocultismo, la transparencia y la accesibilidad constituyen un deber del estado, en correspondencia con el esencial derecho de las personas de acceso a la información, luego a la misma jurisdicción. La llamada curialesca tribunalicia de la solemnidad reglada en modo de una fraseología anquilosada en la tradición medieval (“Vuestra Señoría” por juez, “auto” en lugar de expediente, “foja” en vez de página, entre tantos arcaísmos, cuando no el recurso a expresiones en latín) resulta cada día más extraña al conjunto social.
Este rebuscado alambicamiento de vocablos desusados o culteranos, ya había sido combatido por el autorizado diagnóstico del célebre Alfredo Colmo, cuando ensayaba que contra cualquier fórmula esotérica, el lenguaje jurídico que no tienda a ser popular, tiene que ser malo. Y no se trata de vulgarizar, menos de eludir la exhaustividad en la fundamentación (acaso si ella pueda verificarse), sino de transmitir de manera mínimamente comprensible aún en tecnolecto o lenguaje específico, al adoptar a la precisión y a la claridad como cualidades indispensables.
Pero si de modificar relaciones de poder se trata, cualquier argot encriptado que invisibiliza a más de la mitad de la población, nunca puede ser democrático. El difícil acceso de las mujeres y las disidencias identitarias a la palabra judicial, donde gobierna el masculino genérico como correlato gramatical de una estructura patriarcal, remite decididamente a un modo específico de violencia. El imperativo constitucional vía CEDAW, y aún legal por medio de la ley nº 26.485, exige que cualquier verba de un órgano estatal rompa las barreras que obstruyen la igualdad en el habla, como también erradique los prejuicios eliminando toda huella de binarismo.
Una vez más: las palabras pueden unirnos o enfrentarnos. El salto cualitativo de un Judicial democrático de mayor calidad y eficacia, requiere de una organización y gestión más modernas, que simplifiquen sus prácticas y hagan menos opaca su actuación, a través de un lenguaje desformalizado y simple, que no deje de atender a las diversidades. Sino sus “caballeros” (¡y también escasas “damas”!), de “triste figura” como reza la antigua novela, seguirán chocando contra molinos de viento. Y lo que es peor, contaran con la burla -sino el desprecio- del resto de la sociedad.
*Juez y Profesor titular UBA/UNLP
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/542687-la-in-justicia-hecha-palabra
