Repudios al fallo que restringe el derecho a la educación pública en CABA

Las críticas arreciaron sobre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño luego de que resolviera que las vacantes que existen en la educación inicial no podrán ser reclamadas por quienes tengan recursos para pagarse un jardín privado. El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, advirtió que “arbitrar los mecanismos y los medios necesarios para que las niñas y
niños de CABA puedan acceder a las vacantes en los jardines de infantes es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, Lorena Pokoik, aseguró que “hay que ponerle fin a esta Justicia adicta y arrodillada al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta”. Es probable que se presenten distintos planteos desde la Legislatura pidiendo información sobre los alcances del fallo. También habrá una apelación, con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

El fallo desresponsabiliza a la administración de Rodríguez Larreta por la falta de construcción de escuelas y pone la culpa sobre la Legislatura. Sostiene que mientras la Legislatura –hegemonizada por el PRO desde hace más de una década– no diga cómo se van a construir las escuelas que faltan, Larreta solo debe administrar la escasez. Y, para esto, establece que la prioridad para las escasas vacantes debe ser para los sectores populares. De esta forma, y en sintonía con lo que plantea la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dispone que solo será obligatorio para el Estado brindar educación pública desde los cuatro años. La Constitución porteña, no obstante, fija otro parámetro: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y
financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los
niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida
hasta el nivel superior”.

En su fallo, el TSJ divide en dos la educación pública: hasta los cuatro años, cuando no es obligatorio para las familias enviar a sus hijos e hijas, y desde los cuatros años. Para el sector previo a los cuatro años el voto de la jueza Marcela De Langue sostiene que “no existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquél que lo solicite, sino que el deber estatal comprende la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al régimen de prioridades”. La decisión revirtió dos fallos a favor de una madre que pedía una vacante para su hijo de dos años y da por tierra con años de fallos a favor de las familias que pedían vacantes.

La decisión provocó la inmediata reacción de los legisladores y legisladoras del Frente de Todos y también de funcionarios del nivel nacional. Uno de los que se mostró sorprendido por el fallo fue el ministro Trotta. “Que tres jueces del máximo
tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de interpelar al Gobierno
de la Ciudad en la priorización de la inversión educativa, tomen una
posición en contra de la defensa de la educación de los niños y niñas,
es inaudito”, afirmó.

Una posición similar tomó la legisladora Lorena Pokoik en su cuenta de Twitter. Con un dato adicional: fue retuiteada por el presidente Alberto Fernández. “La Justicia porteña adicta al gobierno de la Ciudad.
Lamentable fallo contra toda la comunidad educativa que viene luchando desde hace años por la falta de vacantes”, indicó la legisladora en el tuit que compartió el Presidente.

No fue lo único que dijo Pokoik: “Decir que hay justicia en la Ciudad es una falacia, el Tribunal Superior de Justicia es de Larreta y hace los fallos a pedido. Es una vergüenza que estos jueces sigan en su cargo”, indicó la legisladora sobre el TSJ, cuya composición incluye dos jueces propuestos por Larreta –uno de los cuales llegó directo del gabinete de Mauricio Macri– y otra propuesta por Macri, a quien tambien trató de hacer procuradora nacional. Es decir, tres sobre cinco. Hace unas semanas, el legislador Leandro Santoro llamó a atención sobre el crecimiento del presupuesto de ese Poder Judicial y lo consideró una caja negra de la política.

Pokoik remarcó que los jueces van en contra del texto de la Constitución porteña. “Hace años que las familias organizadas vienen luchando por la falta de vacantes en la Ciudad, y esta decisión del máximo órgano de la Justicia porteña, es un verdadero atentado a esa lucha y legaliza el vaciamiento y el ajuste de Larreta y Acuña que bajaron el presupuesto en más de 11 puntos en los últimos años, y para el 2021 presentaron el más bajo de toda la historia de la Ciudad en ese sector”, indicó.

Por su parte, la legisladora Maria Bielli consideró que “no es la primera vez que la Justicia convalida políticas de restricción de derechos del Gobierno de la Ciudad. El problema en este caso es que lo hace con fundamentos que desconocen la Constitución. El complemento del fallo es la existencia de CPI en la Ciudad que reemplaza a los jardines de infantes desde una oferta no educativa y basada en la precarización”.

En tanto, el legislador Juan Manuel Valdes advirtió que “el TSJ acaba de cercenar el derecho a la educación pública. Para exigir vacantes habrá que demostrar que no se puede pagar la privada”.