Se posterga el debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal 

Con el dictamen de mayoría en la mano, el Frente de Todos se tomará su tiempo para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la reforma al Ministerio Público Fiscal (MPF). Especialmente para conseguir los votos necesarios –-por ahora insuficientes— para la aprobación del proyecto, que el interbloque macrista de Juntos por el Cambio llamó a boicotear. En las próximas semanas, la actividad del Congreso irá en línea con las restricciones que fijó como prioridad el Gobierno para intentar contener la suba exponencial de contagios que provoca la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Aunque esto tampoco frenará las negociaciones que le permitan al oficialismo sortear los obstáculos para destrabar el nombramiento de un nuevo Procurador. Un tema que en el seno del FdT admiten que llevará “un tiempo” y algunos arriesgan “unas semanas”.

Las negociaciones que promovió el ministro de Justicia, Martín Soria, que incluyeron a bloques políticos de la Cámara baja y la propia Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN) que preside el fiscal Carlos Rívolo, abrieron la puerta para realizar modificaciones en el texto de la media sanción del Senado. Los cambios acercaron posturas que le permitieron al oficialismo emitir el dictamen de mayoría. Un paso “importante” –afirman en el bloque del FdT— después del largo estancamiento que le proyecto tuvo en Diputados.

De todas maneras, el FdT no apurará su tratamiento en el recinto. El Parlamento estará estas semanas en sintonía con las restricciones vigentes para mitigar las consecuencias sanitarias de la segunda ola de la pandemia. Pero el proyecto continúa en la agenda prioritaria del oficialismo en Diputados, aunque se demore su tratamiento.

Números

El oficialismo no irá al debate en el recinto hasta que haya garantizado los números para lograr la aprobación. Un tema en el que trabajan el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jeje de la bancada del FdT, Máximo Kirchner. Por un lado el quórum (129 diputados), que JxC llamó a boicotear y hasta salió a “escarchar” a los diputados opositores que podrían sentarse en sus bancas para abrir el debate. Por el otro, los votos para refrendar la iniciativa en un cuerpo legislativo donde el oficialismo no tiene mayoría propia y debe construir consensos ley por ley.

Por ahora las cuentas no cierran para el oficialismo. El FdT tiene 118 diputados propios, 11 menos que los 129 necesarios para el quórum. A ellos se sumarían (luego de los cambios al proyecto) los 6 integrantes del Interbloque Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón.

Del otro lado, el interbloque macrista de JxC, suma 115 diputados que defenderán su dictamen por el rechazo de la reforma al MPF. Los 3 diputados del lavagnista Consenso Federal tendrán un dictamen propio que elaboró Graciela Camaño. Los 4 diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti también se pronunciaron en contra de la iniciativa. El FIT afirmó que tampoco respaldará el proyecto del oficialismo.

La disputa por los votos está centrada en un muy reducido puñado de bloques y monobloques de partidos y referentes provinciales con final incierto.

Proyecto

Entre sus ejes, el proyecto establece una nueva mayoría para la elección del Fiscal General: pasa de los actuales dos tercios del Senado a la “mayoría absoluta”, la mitad mas uno de los miembros de la Cámara alta. También modifica el mandato del procurador, que dejará de ser vitalicio y tendrá una duración de cinco años con la posibilidad de ser reelegido por otros cinco más como máximo.

Por lo cual, la elección del procurador no podrá coincidir con la elección presidencial. El jefe de los fiscales también tendrá que rendir un informe anual de gestión ante el Congreso (intercalando las Cámaras de Diputados y el Senado). Al tiempo que fija los mecanismos de su posible destitución: Diputados oficiará de Cámara acusadora cuyo dictamen deberá contar con una mayoría absoluta del cuerpo y tras la resolución que adopte el Tribunal de Enjuiciamiento, el Senado podrá adoptar su destitución con la mayoría agravada de dos tercios. El proyecto también restituye la autonomía del MPF para administrar sus propios recursos económicos, que el ex presidente Mauricio Macri había anulado por DNU en diciembre de 2015.

En tanto, Diputados introdujo modificaciones al texto de la media sanción del Senado. Entre ellos la creación de la procuraduría de defensa de usuarios y consumidores, propuesta por el interbloque Federal para el Desarrollo.

Mientras que, a pedido de AFFUN, se mantiene la representación de los 2 fiscales entre los 7 miembros del Tribunal de Enjuiciamiento al procurador, aunque los mismos serán designados por sorteo y con paridad de género. Los otros integrantes serán 1 por el PEN; 2 por el Poder Legislativo (uno por la mayoría de la comisión bicameral de seguimiento del MPF y el otro por la minoría); y 1 por el Consejo Interuniversitario.

Lo mismo sucederá con la representación de los fiscales (se mantendrá en 3) para los concursos de designación de sus pares, que también deberán ser designados por sorteo. Los concursos tendrán plazos reglamentados en la nueva legislación. Los fiscales que integren el Consejo Evaluador para la posible sanción disciplinaria de sus pares, serán elegidos por sorteo y con plazos para emitir su resolución.

Por ahora, en el oficialismo no evalúan realizar otras modificaciones. Aunque en caso de que se alcancen acuerdos, los cambios se podrán realizar en el recinto durante el debate como muchas veces sucede en el ámbito legislativo.

De todas maneras, con las modificaciones que ya realizó la Cámara baja, el proyecto deberá regresar al Senado para convertirse en ley: quizá el tema menos complejo si el oficialismo logra finalmente atravesar con éxito la disputa legislativa en Diputados.