Un fallo que es un retroceso

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca le dio un duro golpe al proceso de Memoria, Verdad y Justicia al dictar sentencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu dictaron once condenas (penas bajas en su mayoría) y seis absoluciones, que implicaron la liberación de once represores, y rechazaron los pedidos del Ministerio Público Fiscal y la querella para condenar delitos sexuales y revocar excarcelaciones.

“Es una nueva burla y una bofetada al rostro de la justicia buscada desde hace 43 años por sobrevivientes y familiares”, advirtió Eduardo Hidalgo de la APDH, quien citó a la poeta Olga Vallasciani para recordar que “nunca podrán acribillarnos la esperanza”. “Vergonzoso fallo, con penas irrisorias y absoluciones a imputados por delitos aberrantes de lesa humanidad. El Partido Judicial funcional a la impunidad. Seguiremos luchando por cárcel a los genocidas con los 30 mil como bandera”, expresó Hijos Bahía Blanca. La legisladora porteña Victoria Montenegro, presente en la lectura del fallo, lo consideró “vergonzoso” y lo encuadró en “el clima de época que vivimos”. Pero advirtió que “como nos enseñaron las Abuelas y Madres, no vamos a bajar los brazos”.

El sexto juicio por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca abarcó a 66 víctimas de secuestros, tormentos, abusos sexuales y homicidios cometidos por la Armada y Prefectura. La mayoría se cometieron en las bases navales de Punta Alta y en la sede de Prefectura en Ingeniero White. De las trece penas de prisión perpetua pedidas por los fiscales Miguel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento, y por la abogada Mónica Fernández Avello, el tribunal dictó sólo una: a Sergio Aráoz de Lamadrid, ex jefe de un “centro de instrucción y adiestramiento contra la subversión” y de la división inteligencia del Comando de Operaciones Navales. Penas de 18 años recibieron Mario Bilecio y Heberto Rubattino, ex jefes de la compañía Pitón de infantes de marina; de 15 años, Francisco Martínez Loydy, ex jefe de informaciones de Prefectura y quien firmó el informe que calificó como “personal a ser raleado” del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, luego secuestrados, torturados y acribillados; de 9 años, Enrique de León, ex jefe de contrainteligencia de Baterías; 8 años, Miguel Angel Torra, ex subjefe de la base aeronaval Espora; de entre 3 y 6 años los marinos Luis Conti, Carlos Lacoste, Alejandro Lorenzini, Alvaro Hermelo y Emilio Schaller. Los absueltos son Ricardo Araujo, Rómuo Illa, Arturo Quintana, Aristóbulo Moreira, José Abdala Figueroa y Carlos Louge.

“Estamos muy sorprendidos. Es una decisión inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo el fiscal Fermento, quien recordó que habían pedido perpetuas para los seis absueltos.

Hidalgo contextualizó las “sentencias infames” en el marco “de lo que venimos viviendo desde hace siete años, cuando comenzamos a sorprendernos con las ‘libertades domiciliarias’ con que otros jueces dibujaron el camino a lo que fuimos testigos en este juicio”. Remarcó que “no tiene sentido” discutir las penas “cuando hay condenados a perpetua beneficiados por ‘libertades domiciliarias’ aplicando amañadamente una ley” y repudió “un falsario poder judicial” que al mismo tiempo “mantiene persecuciones políticas a ex funcionarios del gobierno que anuló la impunidad anticonstitucional e hizo de los derechos humanos una política de Estado”.

“Vuelvo a Buenos Aires después de acompañar una sentencia vergonzosa, en un avión repleto de genocidas. Hombres que cometieron delitos de lesa humanidad, algunos identificados por las compañeras como quienes las abusaron durante sus secuestros”, contó Victoria Montenegro. “Están ellos y la impunidad que los avala, pero también estamos nosotros y la esperanza que vuelve y que va a ser política de Estado nuevamente a partir del 10 de diciembre.”