Un tribunal quiere juzgar a CFK por Zoom

El Tribunal Oral Federal 2 insiste en su pedido para retomar el juicio a CFK de manera online. Ante la demora que implicará la aplicación de un sistema satelital para dotar a la plataforma de la seguridad necesaria, los jueces le plantearon al Consejo de la Magistratura la posibilidad de hacer las audiencias mediante Zoom. Esto puso en alerta a las defensas, que advierten que ese sistema podría ser vulnerable. La otra opción que propusieron los jueces es la de reanudar el proceso en forma presencial en algún espacio fuera de Comodoro Py, que permita mantener el distanciamiento social.

El Consejo de la Magistratura ya le había informado al TOF 2 que por el momento no están dadas las condiciones técnicas para reanudar de manera remota el juicio conocido como Vialidad y que están trabajando en una solución. La principal barrera sigue siendo la tecnológica, sobre todo en cuanto a la seguridad informática para evitar hackeos o interferencias.

El proceso en el que está imputada Cristina Kirchner junto a otras doce personas –entre exfuncionarios y empresarios– quedó interrumpido por la feria extraordinaria establecida por la Corte Suprema el pasado 20 de marzo por la pandemia. Si bien varios juicios pudieron reestablecerse en forma online o semipresencial, en el caso por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz la gran cantidad de involucrados hace que sea muy difícil realizar las audiencias bajo esa modalidad.

La Coordinación de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura ya le había informado al TOF 2 que estaban trabajando en la fase 2 de 3, para poner en funcionamiento una plataforma a través de Arsat. Sin embargo, se trata de la instancia más compleja del proceso, en la que buscan garantizar los mecanismos para lograr el estándar de legalidad y seguridad que se requiere. Sobre todo, porque se trata de un juicio con muchas partes involucradas, que deben estar conectadas al mismo tiempo. Según explicaron desde dicha Dirección, “es una herramienta de las técnicamente llamadas multiplataforma, esto significa que podríamos realizar una conexión simultánea con todos los actores, sin necesidad que cada uno necesite estar equipado con tecnología compleja alguna”. Pero advirtieron que aún no saben cuándo estará lista y que todavía están en “etapa de prueba”.

Pero el TOF no quiere esperar a que llegue esa solución informática y envió un nuevo escrito a esa dependencia en el que plantea la posibilidad de usar Zoom.

Con la firma del juez Rodrigo Giménez Uriburu, el texto enviado este jueves al Consejo de la Magistratura señala lo siguiente: “Teniendo en consideración la incertidumbre en torno a los tiempos de implementación del sistema que se encuentra desarrollando el área tecnológica del Consejo de la Magistratura, requiérase al presidente de ese órgano se informe acerca de las posibilidades de contratar –hasta tanto finalicen dichas tareas y se encuentre disponible la aplicación descripta– una licencia premium de la plataforma Zoom, en favor de este órgano judicial, y se informe si, a criterio del personal especializado, el mismo satisface estándares suficientes de seguridad y privacidad a los fines de continuar con el debate oral en curso”.

Algunas de las defensas de los trece imputados manifestaron sus reparos a PáginaI12. “El juicio está en la etapa de las declaraciones de los testigos de la fiscalía. La dificultad que encontramos es que es muy difícil refutar o repreguntar desde el otro lado de la pantalla a un testigo que está mintiendo”, explicó el abogado de uno de los principales acusados. “Las caras, los gestos, el lenguaje no verbal son muy importantes”, agregó. Lo que plantean los defensores es que si no tienen al declarante frente a frente podrían estar en desventaja a la hora de confrontar lo que se diga ante el tribunal.

Otra opción que plantea el escrito del TOF 2 es la de retomar el proceso en forma presencial o semipresencial en algún edificio dispuesto por el Consejo, cuya infraestructura permita mantener el distanciamiento social y las normas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias. Esta posibilidad no sería objetada por las partes.